Toda la seriedad y responsabilidad que se creía poseía el ex ministro de Economía Martin Guzmán, quedó dilapidada en un segundo a través de las redes sociales, Twitter, método actual de comunicar, que contrasta con la ortodoxia demostrada a la hora de aplicar políticas económicas necesarias para sacar a la Argentina del ostracismo en la que la catapultó el gobierno anterior de Mauricio Macri. 

Si Guzmán con su renuncia, en medio de un discurso de Cristina Fernández de Kirchner, pretendía disputar algún minuto de fama, quizás lo logró, tal vez queriendo demostrar que se va de la gestión por exclusiva responsabilidad del sector que lidera la Vicepresidenta, que no es ni más ni menos, el que aportó la mayoría de los votos para que el peronismo pudiese regresar al poder en el 2019.

Pero no es Guzmán el único responsable de la situación económica que se encuentra la Argentina. Hay actores que dejaron al país en ruinas y siguen paseando por el mundo sin ningún remordimiento, con deudas por generaciones, con el peor de lo organismos internacionales como es el FMI, controlando las cuentas públicas por el mayor préstamo de la historia otorgado a un país desde su creación, tomado por la administración del señor Macri. 

Sin embargo, quienes debieron gestionar la revisión de ese acuerdo espurio y altamente perjudicial para el 95 por ciento de los argentinos, nos hicieron creer que era el único camino posible la reestructuración de la deuda con el FMI. Ni el presidente Alberto Fernández, ni el Ministro Guzmán forzaron no solo la revisión a favor de nuestro país, esa deuda debería haber sido anulada y todos los funcionarios que actuaron en representación del organismo enjuiciados por no cumplir con ninguna de las pautas que estipulan ellos mismos como organismo internacional de crédito. Además de los responsables en nuestro país, que tendrían que hacerse cargo de la deuda contraída con todos sus capitales y con las penas correspondientes, pero sin embargo no hay avances en la Justicia sobre el peor de los gobiernos que tuvo la argentina en su historia democrática.

No obstante, es cierto que el Gobierno tuvo que padecer una Pandemia, donde se tuvo que volcar muchísimos recursos en materia de infraestructura sanitaria y la adquisición de vacunas para proteger a la población. Otorgar ingresos de emergencia a millones de argentinos que no tenían trabajo y otros tantos que no podían salir a trabajar por las consecuencias de la Pandemia.

Pero se superó la pandemia, el país creció un 10.4 por ciento impensado en el 2021 y ese crecimiento no se vio plasmado en la clase trabajadora, tampoco en las Pymes y en la economía popular. Creció el nivel de pobreza en la Argentina, hoy la clase trabajadora es mayoritariamente pobre por la equivocada gestión económica y eso si es absoluta responsabilidad del Gobierno nacional que no tiene la decisión y el carácter de enfrentarse a los grupos empresarios poderosos y formadores de precios. Porque no tiene la decisión de aplicar controles, no solo en materia de precios ante empresarios inescrupulosos que se burlan de la población jactándose de sus siderales ganancias, en las importaciones indiscriminadas como si fuera un gobierno neoliberal. En la Argentina de hoy el SMV asciende a 45 mil pesos cuando la canasta básica ronda los 100 mil pesos, eso es una economía inviable para millones de compatriotas que día a día tienen que salir a buscar el sustento para ver como pueden alimentar a sus familias. 

Estas cuestiones que tienen que ver con la economía, pero que tienen indefectiblemente que ir de la mano de la política, no se resuelven con tibios diálogos. La situación merece algo más que eso. Merece el esfuerzo y la certera decisión de un presidente que se ponga al frente y tome todas y cada una de las decisiones que necesita el pueblo argentino para su bienestar. 

Pasó mucho tiempo desde diciembre de 2019 y el Poder Judicial sigue actuando a medida de la ultra derecha, sin ningún cambio que evite el lawfare y las operaciones que, como estamos observando se acrecentarán a medida que nos acerquemos a las elecciones del 2023. La deuda con el FMI se resolvió a favor del organismo, con plazos a diez años, pero sin hacerse cargo del daño ocasionado al País. La situación social ha empeorado notoriamente, la inflación es incontrolable, la especulación financiera lleva el dólar cada vez más alto, los salarios se arrastran por el piso, mientras las ganancias exorbitantes de las grandes empresas de consumo van por las nubes. Las repercusiones por la guerra en Ucrania son una variable, un tanto a favor y otro en contra. El encarecimiento del petróleo y el gas nos perjudica porque no somos un país que se autoabastece y por otra parte las exportaciones de granos y soja nos benefician, pero, eso a su vez debido a la especulación empresaria encarece los precios locales, cuestión que es estricta responsabilidad del gobierno, separar los precios dolarizados internacionalmente con los de nuestro país.

Esto lo viene anticipando en varias de sus intervenciones Cristina Fernández de Kirchner desde 2020 hasta su discurso de ayer en Ensenada. Y si hay algo que no se puede objetar es su capacidad de ver y analizar como ningún otro político en la Argentina, el panorama de lo que sucede. La inerrancia en sus apreciaciones son irrefutables, como la tozudez de no escuchar del máximo mandatario y encerrarse con sus allegados más cercanos sin entender, reconocer, aceptar que si está ocupando el lugar de Presidente, fue por la innegable generosidad de la líder del espacio político, para que el pueblo argentino decidiera decirle basta al macrismo. 

No reconocer criticas, creerse que podía dejar de lado al sector más importante de la coalición gobernante, dejarse endulzar los oídos por los detractores del kirchnerismo, cómplices de medios hegemónicos para realizar operaciones como la que le costó el cargo al ex ministro de la Producción, o anteriormente al secretario de comunicación, no hicieron más que alejarse de la realidad que vive el país, perder consenso y sobretodo credibilidad en la gente que con muchas expectativas depositó su voto en el 2019. 

Le queda un año y medio de gestión al Gobierno del doctor Alberto Fernández, pero menos de un año para implementar políticas públicas que ayuden a una mejor distribución de la riqueza para que no sigamos teniendo empresarios multimillonarios, en contraposición con los  más de 12 millones de pobres en la Argentina, si es que se pretende continuar en el Gobierno en 2023. La circunstancia amerita un replanteo de la gestión. Si hay que usar la lapicera como más de una vez le dijo en público quien fuera dos veces Presidenta, más allá de lo que le digan los medios y las persecuciones a futuro, es hora de hacerlo. Lo dijo una de las mujeres más perseguidas de la historia política de la Argentina, evidentemente porque como en la época de Hipólito Irigoyen o Juan Domingo Perón, molestaron a los sectores más acaudalados y conservadores de nuestro país. En su momento los expulsaron del poder con Golpes de Estado y bombardeos a la propia población. Esa modalidad quedó obsoleta, sin embargo, en la actualidad el poder pasa por las devastadoras operaciones que a través de sus imperios mediáticos imponen sus bombardeos, en colaboración con el brazo impune de una Justicia plagada de vedetismo político. Es el momento en que la mayoría de esos argentinos y argentinas que solo aspiran a tener una vida en paz, con trabajo digno y felicidad, sean protegidos por quien se dice representar a un Gobierno Nacional, Popular e Inclusivo.