El STJ obliga al Gobierno a entregar dos nuevas pensiones RUPE

Locales 11 de febrero de 2019
El día 5 de febrero la asesora legal de la CTA Autónoma, Dra. Liliana E. Gavilán, se notificó de las sentencias del Superior Tribunal de Justicia, que rechazó los Recursos Extraordinarios de Casación presentados por la gobernadora Bertone, quedando de ese modo firmes las sentencias de la Cámara que por unanimidad sentenció y obligó al gobierno provincial al otorgamiento de pensión por discapacidad R.U.P.E a un niño y una niña.
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Este gobierno ha intentado, desde el primer minuto de la gestión, transformar las pensiones RUPE en una suerte de subsidio o dádiva entregándolas y quitándolas de manera discrecional, y utilizando para ello artilugios legales y administrativos absolutamente ruines que han transformado la vida de muchas PCD en un peregrinar permanente por pasillos y oficinas que siempre conducen a respuestas negativas, discriminatorias y humillantes pero esta vez, después de una larguísima espera, la justicia nos da la razón: LA PENSIÓN RUPE ES UN DERECHO.
El siniestro ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, creó la resolución N° 65/2016 que establece orden de prioridades en el otorgamiento de pensiones; y en ella se basa la Secretaría de Coordinación de Políticas para PCD para negar o retrasar las entregas, argumentando además la falta de partida presupuestaria para apelar en la Justicia cada vez que hay un fallo a favor de una PCD.
Ante la judicialización de los reclamos través de acciones de amparos y la utilización por parte del gobierno de artilugios procesales para dilatar el reconocimiento de derechos los casos llegaron hasta la máxima instancia judicial provincial.
Exhibiendo sin ningún pudor su falta de sensibilidad y empatía para con las PCD han llevado ante el STJ los casos de esta niña con discapacidad múltiple y este niño con Síndrome de Down, cuyas familias tramitan la pensión desde el 2016, para sentar un precedente que les permita seguir obstruyendo el acceso al derecho, ya que han fracasado en la legislatura cada vez que quisieron modificar la ley.
Bertone, Gorbacz y los funcionarios de la Sec. de Coord. de Políticas para las PCD, desde que llegaron al poder, olvidaron que son servidores públicos y han atacado sistemáticamente a los más vulnerables.
El STJ rechazó el criterio economicista que alegó la mandataria provincial en su apelación y reconoció sus derechos a los niños con discapacidad .
SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD- CTA AUTÓNOMA

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